Ley de Tasas Judiciales y ley de procedimiento laboral y reforma

RESOLUCION DEL MAGISTRADO JUEZ DE LO SOCIAL UNO DE BENIDORM, DON CARLOS ANTONIO VEGAS RONDA INAPLICANDO LAS TASAS JUDICIALES POR VULNERACION DE LA DIRECTIVA CEE 93/13 Y ART. 47 DE LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA U.E:

RESOLUCIÓN DEL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE BENIDORM CARLOS ANTONIO VEGAS RONDA EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR EL 22/11/2012 DE LA LEY 10/2012, DE 20 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE REGULAN DETERMINADAS TASAS EN EL AMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA Y CIENCIAS FORENSES. PREAMBULO El CGPJ recomienda dentro de sus buenas prácticas, el establecimiento de reglas comunes en los diferentes órganos jurisdiccionales al objeto de que los ciudadanos tengan certeza de los criterios judiciales en determinadas cuestiones. La entrada en vigor de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y que introduce un sistema de pago de tasas judiciales no reemborsable en actos jurisdiccionales, exige, a juicio de este redactor, el establecimiento de un criterio al efecto de la certeza de los ciudadanos y operadores jurídicos. En el ámbito de la competencia del Juzgado de lo Social, sólo existe este órgano, por lo que la resolución se adopta, por el que subscribe, y la hace pública para su general conocimiento. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OPERATIVA DE LA NORMA EN EL AMBITO SOCIAL 1. La tasa regulada tiene la naturaleza de precio por la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público. 1. La tasa es decarácter nacional, y es compatible con otras tasas y exacciones establecidas por las Comunidades Autónomas en el ámbito de su competencia. 1. El hecho imponible de la tasa en el ámbito social es la interposición de un recurso de suplicación y de casación. 1. El sujeto pasivo es cualquiera que promueva el ejercicio de la potestad jurisdiccional y realice el acto sujeto. 1.Objetivamente se excluyen los procesos especiales de tutela de derechos fundamentales. 1. Subjetivamente están excluidos los que tengan reconocidos el derecho a la asistencia jurídica gratuita. 1. Los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores autónomos tienen una bonificación del 60% de la tasa. 1. La tasa se devenga en el momento de interposición del recurso de suplicación o de casación. 2. La cantidad fija de la tasa en el orden social es de 500€ en el recurso de suplicación y de 750€ en de casación. Existe además una parte variable en función de la cuantía con un máximo de 10.000€ en función de una escala (hasta 1 millón de €, 0,5%, a partir de dicha cantidad un 0,25%). 1. El justificante del abono de la tasa se debe producir en el escrito que interponga el acto sujeto. En caso de no aportarlo se paralizará el trámite del escrito, pero no del plazo de dicho trámite, con lo que habrá el mismo para subsanarlo. Si no se subsanara se daría por finalizado el trámite. 1. Está pendiente de aprobarse el modelo oficial CRITERIO DEL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 1 DE BENIDORM CARLOS ANTONIO VEGAS RONDA Este Magistrado entiende contrario al derecho de la Unión Europea, al menos por lo que respecta al ámbito social de la Jurisdicción, el establecimiento de estas tasas por los siguientes motivos: 1. En el ámbito social de la jurisdicción es habitual la aplicación del derecho de la Unión Europea. Por aplicación de los Tratados, la facultad de plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es potestativa para los órganos de primera resolución, pero obligatoria para el órgano que resuelve el litigio en última instancia (art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea -antiguo art. 234 TCE-). De esta manera, en no pocas ocasiones el órgano que resuelve el recurso de suplicación o el de casación es el que aplica de manera efectiva el Derecho de la Unión Europea (el denominado acervo social comunitario). 1. El establecimiento de una tasa vinculada a la prestación de un servicio público, que en cuantía puede llegar hasta 10.500 euros en el ámbito del recurso de suplicación, y cuyo incumplimiento lleva a la preclusión del acto jurisdiccional es un obstáculo contrario al Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en los términos del art. 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la interpretación a dicho precepto establecido entre otras en la Sentencia del TJUE de 06/11/2012 del asunto C-199/11. 1. En cualquier caso, el diseño de la tasa, establecida según la norma interna como derivada de la prestación de un servicio en régimen de Derecho Público, entraría de pleno en la aplicación de la Directiva 93/13/CEE de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Así la mencionada directiva es de aplicación a prestadores de servicios sean públicos o privados, y se puede identificar el servicio público, con la prestación de los derivados de la tramitación de la actividad jurisdiccional (trámites, medios, notificaciones, etc…). Por tanto, actividad prestataria, sometida a la legislación señalada. En este sentido, el establecimiento de estas tasas, sin explicitar qué sufragan, cómo se han valorado esos gastos para determinar su cuantía, y los efectos que conlleva, le confiere el carácter de cláusula abusiva de acuerdo a la aplicación de la normativa de la Unión. 1. En cuanto a los efectos de una normativa contraria alderecho de la Unión, de acuerdo a lo previsto a los principios generales del derecho de la Unión, y la aplicación de la doctrina establecida, entre otras, en las sentencias de 15/07/1964 (Asunto Costa vs ENEL) y 07/09/2006 (Asunto Cordero Alonso), declarando la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho interno; y ante una lesión de Derechos Fundamentales de la Unión, la obligación del Juez nacional de inaplicar la normativa interna y reestablecer el Derecho Fundamental con la aplicación del Derecho de la Unión. En mérito a lo anteriormente señalado EL MAGISTRADO JUEZ DEL JUZGADO DE LO SOCIAL 1 DE BENIDORM RESUELVE: Que es su criterio, entender que en el ámbito social de la Jurisdicción la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología no es de aplicación al ser contraria al Derecho de la Unión Europea, y no será exigibles u pago en los trámites del recurso de suplicación. El Magistrado Juez Carlos Antonio Vegas Ronda. (FUENTE: pgprocuradores.com)

 

DE PORQUÉ NO FUNCIONARÁN LAS TASAS JUDICIALES DE GALLARDÓN

Partiendo de la base de que han tenido el rechazo por unanimidad de jueces, fiscales y abogados, y de que es una ley manifiestamente carente de consenso y proporcionalidad, -se cobra la misma tasa a cualquier demandante, sea gran empresa o particular- este artículo solo quiere poner de manifiesto las razones prácticas por las cuales si no se modifica no va a tenerel éxito pretendido, que en palabras del ministro de Justicia era desatascar la misma y evitar la excesiva litigiosidad. Y es que ya hace años que algunos abogados nos dábamos cuenta de que aquella provocaba muchas más sentencias de peor calidad, con lo cual despachos como el nuestro hace años que venimos investigando técnicas de resolución extrajudicial de conflictos.

Cuando en su día analizamos las causas del exceso de litigiosidad detectamos que era debida a tres factores: 1-Con el aumento de lacrisis aumento paulatino de beneficiarios de la justicia gratuita. La gratuidad del sistema provoca que el demandante no tenga nada que perder, frente al litigante de pago que se arriesga a pagar a los profesionales y ser condenado en costas, con lo cual se lo piensa dos veces antes de litigar. 2-Criminalización de conductas que antes eran falta (maltrato psicológico de la pareja, excesos de velocidad, alcoholemias sin accidente). 3-Despidos en masa motivados por la crisis. 4-El vicio adquirido de la administración de recurrir por recurrir en apelación al no imponérsele nunca las costas.

Si analizamos los tipos de juicio exentos de tasa judicial vemos que están exentos precisamente estos cuatro grupos: 1- Los juicios con beneficiarios de justicia gratuita. 2- La violencia de género. 3- Los juicios laborales en los que el trabajador sea demandante (en primera instancia). 4- Todos los juicios en los que la administración sea demandante. Y a mayores, hay que añadir que antes de la Ley de Tasas, las grandes empresas, aseguradoras, telecomunicaciones y grandes superficies, siempre llegaban a acuerdos extrajudiciales porque había una ley que les penalizaba si eran demandados y llegaban a juicio (por ejemplo la Ley del Contrato de Seguro, la legislación sobre Consumidores y Usuarios), y sin embargo con las tasas, sepenaliza al demandante, aumentando las posibilidades de que las grandes empresas rechacen la vía extrajudicial obligando al particular a demandar lo que antes se solucionaba con una simple llamada. Es decir, no solo se mantendrán los litigantes sin nada que perder, sino que aumentarán los que antes negociaban en vez de acudir a juicio.

La solución es sencilla: el establecimiento de una tasa para el litigante vencido en juicio, a sumar a las costas judiciales. Dicha tasa sufragaría el sobregasto de la administración de Justicia y el pago del turno de oficio, a la vez que sería elemento disuasor para impulsar lan egociación extrajudicial y el arbitraje.

 

 

LA REFORMA LABORAL (por Mar Ferreiro Broz) texto extractado del original: PRINCIPALES NOVEDADES:

1 INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO IMPROCEDENTE "se fija en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Los contratos suscritos antes de la entrada en vigor, tendrán una indemnización de 45 días por año hasta el 10 de febrero de 2012 y de 33 días por año desde el 11 de febrero de 2012. El tope máximo serán de 720 días, excepto que el cálculo anterior a la entrada en vigor fuese superior. En este caso el tope máximo serán 42 mensualidades".

Por ejemplo, un contrato de 1000 euros brutos/mes, firmado el 10 de febrero de 2011, y despedido improcentemente el 10 de febrero de 2013 le correspondería 45 días/año el primer año (1500 euros) y 33días/año el segundo (1100 euros).

2 En los DESPIDOS POR CAUSAS OBJETIVAS, "la indemnización será de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades".

3 "Tanto en los DESPIDOS IMPROCEDENTES COMO EN LOS OBJETIVOS se suprimen los salarios de tramitación, excepto en caso de optar por la readmisión".

NUEVA LEY DE PROCEDIMIENTO LABORAL (en vigor desde el 10 de diciembre de 2011) Ya está aquí la nueva Ley 36/2011 de 10 de Octubre que regula la Jurisdicción Social, sustituyendo a la anterior Ley de Procedimiento Laboral. Nacida para dar nueva respuesta a la situación laboral actual incluye cuestiones tan recientes como el "mobbing" o acoso laboral, los Expedientes de Regulación de Empleo (crea un procedimiento específico para su impugnación por los trabajadores) y en general tratando de aglutinar aquellas reclamaciones que estaban a medio camino entre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Social. Además trata de agilizar la celeridad en los juicios mediante un refuerzo de las funciones del S.M.A.C. (Servicio de mediación, arbitraje y conciliación). Os dejamos el enlace más abajo la iremos desgranando poco a poco en esta página.

SEGUNDA NOVEDAD: POSIBILIDAD DE DENUNCIAR EL ACOSO LABORAL Y/O MOBBING ante la Jurisdicción Social, regulado en el artículo 177 y siguientes de la nueva ley. La gran ventaja que le vemos es la posibilidad de evitar un largo y engorroso juicio penal, que en todo caso provocaría la carcel o antecedentes penales del culpable. Una de las primeras desventajas sin embargo, es la obligatoriedad de celebrar conciliación ante el S.M.A.C cara acara con el autor del acoso laboral.

PRIMERA NOVEDAD: IMPOSICION DE COSTAS EN CASO DE INASISTENCIA AL S.M.A.C: El artículo 66 de la nueva Ley de Procedimiento Laboral establece por vez primera no solo la obligatoriedad de acudir al acto de conciliación previa al juicio laboral ante el Servición de Mediación, Arbitraje y Conciliación, sino que además dice que para el caso de haber sido debidamente citado el demandado, si este no acudiese, se le impondrán las costas en el Juicio Laboral hasta un límite de 600 euros si la sentencia coincide basicamente con lo pretendido en la papeleta de conciliación. Esta novedosa medida nace con el proposito de evitar la saturación actual de los Juzgados de lo Social debido a la crisis económica, intentando así evitar la practica habitual del demandado consistente en no acudir nunca al S.M.A.C.

 

"Artículo 66. Consecuencias de la no asistencia al acto de conciliación o de mediación. 1. La asistencia al acto de conciliación o de mediación es obligatoria para los litigantes. 2. Cuando estando debidamente citadas las partes para el acto de conciliación o de mediación no compareciese el solicitante ni alegase justa causa, se tendrá por no presentada la papeleta de conciliación o la solicitud de mediación, archivándose todo lo actuado. 3. Si no compareciera la otra parte, debidamente citada, se hará constar expresamente en la certificación del acta de conciliación o de mediación y se tendrá la conciliación o la mediación por intentada sin efecto, y el juez o tribunal impondrán las costas del proceso a la parte que no hubiere comparecido sin causa justificada, incluidos honorarios, hasta el límite de seiscientos euros, del letrado o graduado social/colegiado de la parte contraria que hubieren intervenido, si la sentencia que en su día dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación o en la solicitud de mediación"

(fuente: BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO)