Y sin visos de solución inmediata, pese a haber -como mínimo- unos 700.000 afectados por la huelga (300.000 vistas suspendidas, 350.000 demandas sin repartir y unos 1.000 millones de euros retenidos y pendientes por ingresar a los reclamantes). La génesis del problema está en el colapso del sistema judicial desde el año 2008 de manera aproximada. Hubo una primera reforma por la cual se le quitó sobrecarga de trabajo a los Jueces y Magistrados para dárselas a los antiguamente denominados Secretarios/as de Justicia (hoy Letrados/as de la administración de Justicia), pero sin la consecuente adecuación salarial. Todo ello en vez de renovar de una vez por todas las leyes procesales, es decir: las que dicen como se interpone, se juzga y se resuelve una demanda, denuncia o querella. Por ponerles un ejemplo: la Ley de Enjuiciamiento Criminal data del año 1882, con solo una reforma de calado a mediados de los años 90 (cuando se introdujo el procedimiento abreviado por delito). La del orden Contencioso-Administrativo es de 1998, hace ahora un cuarto de siglo. La de Enjuiciamiento Civil data del año 2001, hace 22, siendo la más reciente la de la Jurisdicción Social, con solo doce años de funcionamiento. El problema de fondo es el lenguaje arcaico y decimonónico que tanto los Letrados de Justicia como los procuradores y abogados nos vemos obligados a emplear entre nosotros en tramitaciones corrientes por falta de leyes actualizadas a los nuevos tiempos de internet. Eso provoca que hasta una mera resolución de trámite se llame “diligencia” o “providencia” y necesite una especial forma jurídica, tanto por parte del juzgado como por parte de procuradores y abogados. Un escrito sencillo que bien podía enviarse encriptado a través de la intranet “lexnet” en forma de e-mail, y que nos llevaría a todos de media unos 10 minutos o menos escribir, se convierte en un tedioso y formalista escrito de más de media hora, el cual se ven obligados a supervisar, resolver y firmar los citados Letrados/as de la administración de Justicia. Es un problema, pues, de simple falta de voluntad política para adecuar la justicia a los nuevos tiempos.

Pese a que son los auténticos “gerentes” del Juzgado, responsables de todo lo que no es dictar una sentencia: admitir a trámite demandas, cursar ejecuciones, resolver diligencias de ordenación, expedir cheques, administrar cuentas, etc. Se da la paradoja de que desde finales de 2008 los jueces y magistrados tardan menos que nunca en dictar sentencia pero los procedimientos tardan meses en tramitarse o en ejecutarse, y los sucesivos ministros de Justicia han hecho oídos sordos a todas las sugerencias quejas y protestas, siendo que lo único destacable en quince años ha sido la implantación de “Lexnet”, un programa de gestión y envío de demandas, resoluciones y sentencias que no ha evitado que se sigan tramitando los expedientes en papel.

1. Debería ser ella personalmente quien encabece las negociaciones. Primero, porque es la máxima responsable de Justicia, segundo, porque tiene pleno poder para ejecutar lo cumplido, y tercero, pero no más importante: es un desprecio considerable tanto para los huelguistas como para él más de medio millar de afectados que están pendientes del fin del conflicto para acceder a un servicio público absolutamente esencial para la democracia y la paz social. 2. Falta de diálogo. Las negociaciones deben de caracterizarse por averiguar incluso los problemas no evidentes (a veces son los más importantes) y ofrecer la mayor cantidad de soluciones posibles, incluso aquellas en principio descartables. Mantener un diálogo abierto con reuniones constantes, aunque sea infructífero, ayuda a calmar los ánimos, manifestando interés y respeto por las reclamaciones ajenas y sobre todo por los afectados por la huelga. 3. Falta de asertividad. En mi opinión, este es el más grave defecto en cualquier negociador que se precie de serlo. La señora Ministra se ha escudado en Hacienda para justificar el incumplimiento de los acuerdos alcanzados el año pasado en abril, alegando que “necesita el visto bueno de la Agencia Tributaria”, a la vez que acusaba a los huelguistas de mantener “posturas maximalistas”. Obvia la máxima responsable de Justicia el dicho latino de “pacta sunt servanda”, los pactos son para cumplirse, y un negociador que se echa atrás en un acuerdo o se excusa en terceros, pierde toda su asertividad (capacidad de decir “no” con educación y respeto)

Como no soy parte directa, no me corresponde meterme en las reclamaciones salariales de unos grandes profesionales, los Letrados de Justicia, responsables en buena parte del correcto funcionamiento de las sedes judiciales y los administrativos a su cargo, pero sí pedirles encarecidamente que el día que acabe esta pesadilla, aprovechen para ponerse al día poniendo en marcha mejoras para efectuar pagos, agilizar trámites y mejorar las comunicaciones con sus administrados, incluidos los profesionales que vivimos de esto, Y/O pedírselas al ministerio o autoridad competente, para la propia satisfacción profesional de los que vivimos de y por la justicia