El pasado sábado 28 de febrero terminaba la pesadilla: el gobierno derogaba las tasas judiciales para las personas físicas mediante la aprobación de la mal llamada "ley de segunda oportunidad" ya que no es ley, es un real decreto, más propio de un país que sale de una guerra que de una segunda oportunidad para los damnificados por la crisis. Porque esa es la sensación que tenemos: que salimos de una especie de guerra, donde millares de autónomos, incautos y despedidos a la ligera (mediante EREs a grandes multinacionales que nunca debieron permitirse) navegan a la deriva, intentando asirse a lo que queda del Estado Social y de Derecho que dice ser España en nuestra Constitución en su artículo primero.
Y como abogado no puedo sino contemplar con rabia el daño ya hecho y que se podía haber evitado: clientes míos que se vieron desahuciados y perdieron sus negocios, y otros que tuvieron que pagar hasta mil doscientos euros de tasas todo por hacer valer sus derechos.
Pero todo eso ha terminado ya, y ahora nos queda mucho trabajo por delante para conseguir JUSTICIA: el artículo 11 del Real Decreto-ley 1/2015 por fin permite a cualquier particular interponer una demanda de preferentes sin pagar 400 euros de tasa, demandar por un accidente de tráfico sin pagar otros 500, reclamar una deuda sin pagar 150 o simplemente reclamar los desmanes de la administración sin además tener que pagar por ello.
Pero los abogados y los particulares tenemos que extraer una lección de estos casi tres años de tasa judicial injusta: la Justicia no es un juego, es un servicio público en peligro de dejar de serlo. Debe de utilizarse como la última alternativa y antes agotar todas las vías de reclamación y negociación extrajudicial. Solo así tendremos garantías de que un día algún político escuche a Jueces, Secretarios, Fiscales, Abogados y Procuradores y saque una ley agil, rápida y sin lenguajes decimonómicos, porque ¿saben de que año es la de enjuiciamiento criminal? del 14 de septiembre de 1882. Y aún éramos un imperio.