La palabra amnistía proviene del latín y significa "amnesia, olvido". En términos jurídicos es un indulto o perdón generalizado que conceden los estados nacionales para cambiar de un régimen dictatorial, totalitario o para poner fin a una guerra civil. Existe también la amnistía fiscal pero es una desafortunada analogía.

Aunque ambas medidas son excepcionales y derivadas del antiguo "derecho de gracia real", en la práctica son totalmente opuestas: El indulto es un derecho del gobierno con base legal, según el cual y siempre que se cumplan los requisitos, exime del cumplimiento de la pena a una persona que ya ha sido juzgada y sentenciada. La amnistía, por contra, implica el olvido de delitos políticos en el caso de las transiciones democráticas (como sucedió en España con la Ley de Amnistía de 1977 por la cual se liberó a todos los presos políticos de la dictadura) La amnistía, por lo tanto, es excepcional en el sentido histórico de la palabra: cabe en transiciones democráticas o como solución de conflictos bélicos tales como una guerra civil o una invasión pero no para un Golpe de Estado como el que protagonizó Tejero en España en 1981. Su razón de ser es evitar un mal mayor, derivado de la división total de una sociedad tras una dictadura o guerra civil o conflicto entre países, etnias o fronteras.

No hay base legal para hablar de "un conflicto con Cataluña". Cataluña fue en su día un condado del Reino de Aragón, por lo tanto, históricamente jamás fue un reino con conciencia propia e independiente del resto del territorio. No puede hablarse de un conflicto con Cataluña si la población que votó a ERC y JXC en las elecciones del pasado 23 de Julio no llega a los 800.000 votos de un total de 22 millones de votantes. Pero lo más importante aquí es que los condenados por el "Process" no lo han sido por sus ideas sino por la comisión de delitos recogidos en el Código Penal tales como malversación de caudales públicos, sedición y desobediencia grave. Es decir: en ningún momento nadie es condenado por ideologías secesionistas sino por malversar (robar) dinero público y promover un golpe de estado con gravísimos altercados públicos que provocaron de manera indirecta la muerte de un extranjero de un infarto en el aeropuerto del Prat. Por último: la amnistía esta implicitamente prohibida en la Constitución Española en su artículo 62.j al decir que "El Rey...no podrá autorizar indultos generales"

Tanto una situación como la otra sugieren una profunda crisis nacional: si se aprueba dicha ley por el Parlamento pero se impugna ante el Constitucional se abriría una auténtica crisis de Estado y un montón de incognitas legales sobre la situación del prófugo Puigdemont. Se agravaría aún más la situación si el Rey Felipe VI se negase a sancionar la ley, ya que según el art. 61 su función es "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes" y en tal caso no podría publicarse ni entrar en vigor, siendo una grave incógnita lo que pasaría después

Hay que recordar que la Transición Democrática Española fue ejemplar, sin conflictos ni derramamientos de sangre, y todo gracias a la citada Ley de Amnistía Política de 1977 y la de Partidos del mismo año, y sobre todo al inmenso esfuerzo de paz y concordia de los partidos, sus lideres y el propio pueblo español. Sin embargo, tras 45 años de paz y libertades, aprobar una nueva amnistía es negar todo y asumir que no somos una democracia plena, que no hay libertad ideológica ni de expresión, ni un parlamento democrático formado por unas elecciones libres. Es también arrodillarse como nación formada por 47 millones de personas ante la voluntad política de 800.000 y por los delitos (no ideológicos) cometidos por un par de centenares. Significaría también admitir que España no es un verdadero estado de derecho con garantías, porque es tanto como admitir que se ha condenado a unas cuantas personas "porque sí" y no por vulnerar una ley penal aprobada por el propio parlamento democrático español. Daría pie por último a que los ex integrantes de la innombrable banda terrorista (de cuyo nombre prefiero no acordarme) se acogieran a dicha amnistía y salieran exculpados de los asesinatos, torturas y lesiones gravísimas a inocentes. El gobierno de España no puede depender de la voluntad política del 2% de su población, y mucho menos cuando lo que pretenden es la IMPUNIDAD frente a la comisión de delitos muy graves, que lo único que buscaban es la anarquía y la sedición. La democracia española ha demostrado ser ejemplar, con unas autonomías con autogobierno y parlamentos propios solo comparable a los EEUU, con la legalización de BILDU o la permisividad ante la defensa de ideas que chocan contra la Constitución, que recordemos fue suscrita por la casi totalidad del Pueblo Español

Para cambiar el Estado Español solo hay un camino legal: que una amplísima mayoría vote en unas elecciones generales para que el 66% de los parlamentarios suscriban la reforma de la Constitución por el procedimiento de reforma reforzada del art. 168 de nuestra Carta Magna y cambien lo que haya que cambiar. Son las reglas que nos dimos en 1978, y esperemos que para siempre y cuando menos dentro de la paz y del imperio de la ley

Pablo Carvajal de la Torre. Abogado. Ex profesor de Derecho Constitucional en enseñanza no reglada.